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TRANSLATION SAMPLE

This text is an excerpt from an article originally published on The Economist web site in 2012.

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EN 

Yet change of any kind is painfully slow. In America anonymously owned companies have featured prominently in recent scandals about campaign financing and health-care fraud. Despite that, a bill by Senator Carl Levin to require American companies to declare their beneficial ownership has stalled in the Senate’s finance committee. Some suspect that pressure from states that thrive on providing anonymity, such as Delaware, helps keep the bill in limbo.

For those wanting more radical change, such as the public disclosure of beneficial ownership, the picture is even gloomier. The Financial Action Task Force (FATF), the world’s main anti-money-laundering body, is revamping a set of 40 recommendations to tighten rules on everything from tax dodging to terrorist financing. But reaching agreement on changes to ownership rules was particularly tricky and progress has been modest.

Some dispute that any real change is needed. Jurisdictions such as the British Virgin Islands may keep ownership information out of the public gaze, but insist they co-operate readily with requests from law-enforcement bodies. Countries with a common-law tradition, such as Britain, flinch at the idea of a central register of trusts, which a real reform would necessitate. The government wants to cut regulation, not increase it. Britain also still allows “bearer shares”: certificates that give control of a company to whoever has the paper in their hands at a particular moment. Other countries find such loopholes scandalous.

 

ES 

Aún así todo cambio es penosamente lento. En Estados Unidos las empresas de propiedad anónima han ocupado un lugar prominente en los últimos escándalos sobre financiación de campañas y fraude sanitario. A pesar de ello, un proyecto de ley promovido por el senador Carl Levin, en el que requiere que las empresas norteamericanas declaren su propiedad efectiva, se ha quedado estancado en el comité financiero del Senado. Algunos sospechan que la presión de los estados que abogan por el anonimato, Delaware por ejemplo, haya favorecido que el proyecto de ley se quede en el limbo.

Para aquellos a favor de un cambio más radical, como la difusión pública de la propiedad efectiva, el panorama se presenta aún más sombrío. El Grupo de Acción Financiera (FATF, por sus siglas en inglés), el principal organismo a nivel mundial contra el blanqueo de dinero, está en proceso de reformar un conjunto de 40 recomendaciones para endurecer las leyes, desde la evasión de impuestos hasta la financiación del terrorismo. Sin embargo, llegar a un acuerdo sobre cambios en la normativa sobre la propiedad efectiva ha resultado especialmente difícil y el avance ha sido modesto.

Otros cuestionan que hacer un cambio sea algo necesario. Jurisdicciones como la de las Islas Vírgenes británicas pueden mantener la información sobre la titularidad fuera de la mirada pública, sin embargo recalcan que cooperan sin ningún reparo con los requerimientos de las autoridades. Los países cuya tradición sigue el derecho anglosajón, como Gran Bretaña, se estremecen ante la idea de un registro central de fondos de inversiones, lo que una verdadera reforma exigiría. El gobierno quiere reducir las regulaciones, no aumentarlas. Además Gran Bretaña todavía permite las «acciones al portador», certificados que otorgan el control de una empresa a quienquiera que tenga el papel en sus manos en un momento determinado. Otros países piensan que estas lagunas legales son un escándalo.

 

 

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